WASHINGTON D.C., 16 Oct. 12 / 04:14 am (ACI/EWTN Noticias).- Los Obispos Católicos de Estados Unidos criticaron al vicepresidente Joe Biden, por una “declaración totalmente inexacta” sobre el impacto en las instituciones religiosas del mandato abortista y anticonceptivo del departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país, durante el debate de candidatos a la vicepresidencia, el pasado 11 de octubre.
En esa ocasión, Biden, candidato por el Partido Demócrata, dijo que “ninguna institución religiosa, católica o de otra denominación, incluyendo los servicios sociales católicos, el Hospital Georgetown , el Hospital Mercy, cualquier hospital, ninguno tiene que recomendar anticoncepción, ninguno tiene que pagar por anticoncepción, ninguno tiene que ser un vehículo para obtener anticoncepción, en ninguna de las políticas de seguro que proveemos”.
“Eso es un hecho”, aseguró el vicepresidente de Barack Obama.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), en un comunicado emitido el 12 de octubre subrayó que lo dicho por Joe Biden “no es un hecho”, y calificaron lo dicho por el vicepresidente como “inexacto”.
Paul Ryan candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, de la mano de Mitt Romney, respondió esa noche a Biden que “ahora yo tengo que estar en desacuerdo con la Iglesia Católica y la libertad religiosa. Si ellos están de acuerdo contigo, entonces ¿por qué ellos (diócesis y otras instituciones católicas) te siguen demandando?”.
En meses recientes, más de 100 organizaciones, incluyendo a universidades tanto católicas como no católicas, organizaciones caritativas y negocios privados, han presentado denuncias contra el mandato, argumentando que infringe su derecho constitucional a la libertad de ejercer su religión.
Ryan presentó el tema del mandato abortista de Obama durante el debate, mientras respondía una pregunta sobre la fe católica que comparten ambos contendientes, señalando que el mandato le “preocupa” porque amenaza la libertad religiosa.
En respuesta a las aseveraciones de Biden, la Conferencia de Obispos Católicos enfatizó que el mandato incluye solamente una estrecha exención para los empleadores religiosos. La exención se aplica sólo a las organizaciones sin fines de lucro que existen principalmente para la inculcación de valores religiosos y tanto empleen como sirvan principalmente a miembros de su propia religión.
Por ello, explicaron los obispos, cualquier caridad religiosa, hospital y agencia social que sirva a todas las personas de cualquier creencia, incluyendo el Hospital Georgetown y las otras organizaciones nombradas por Biden, no están cubiertas por esa exención, que culminó en febrero de este año.
La USCCB también subrayó que mientras el gobierno ha propuesto un “arreglo” adicional para estas entidades religiosas no exentas, la propuesta “ni siquiera potencialmente alivia a estas organizaciones”.
El arreglo, que aún se encuentra en etapas preliminares, ofrece una serie de sugerencias para aliviar a las organizaciones no religiosas del financiamiento de la controversial cobertura de seguro si plantean una objeción, mientras que aún incluiría la cobertura como parte de los planes.
De cualquier forma, los críticos dicen que el arreglo se trata de un truco contable, ya que aún requeriría que las organizaciones objetoras paguen indirectamente por la cobertura, a través de primas de seguro necesariamente más altas.
Los obispos católicos señalaron que las organizaciones religiosas, bajo los esquemas propuestos, “tendrán que servir como un vehículo, porque estarán aún forzadas a proveer a sus empleados de seguro de salud, y esa cobertura aún tendrá que incluir esterilización y drogas que inducen al aborto”.
Las entidades religiosas, señalaron, “tendrán que pagar por estas cosas, porque las primas que las organizaciones (y sus empleados) deben pagar igual serán aplicadas, junto a otros montos, para cubrir los costos de estas drogas y cirugías”.
La USCCB dijo que sigue solicitando al gobierno de Barack Obama “en los términos más fuertes posibles” que tome medidas que realmente retiren “las varias infracciones sobre la libertad religiosa impuestas por el mandato”.
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