LIMA, 18 Jun. 13 / 05:28 pm (ACI/EWTN Noticias).- Los asambleístas del Parlamento Andino, órgano de la Comunidad Andina, que agrupa a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, exigió durante su último Foro Regional, discriminar a los católicos en la vida pública en los países miembros, para facilitar la promoción de los supuestos “derechos sexuales y reproductivos”, que esconden el aborto y la anticoncepción, así como una supuesta “profundización de la democracia”.
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En la Declaración de Lima, presentada el 15 de junio, al concluir el evento, se asegura que “los parlamentarios Andinos, Congresistas, Asambleístas de los países Andinos, mediante la Declaratoria de Lima demandan garantizar el carácter laico de los Estados en sus marcos normativos y políticas públicas para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la profundización de la democracia”.
Los supuestos “derechos sexuales y reproductivos” no son reconocidos como derechos humanos en las constituciones de países miembros de la Comunidad Andina, como Perú, ni tampoco por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
A pesar de esto, el Foro del Parlamento Andino, con el auspicio del Fondo de Población de Naciones Unidas, que apoya iniciativas abortistas y de anticoncepción, promueven esta agenda “como antesala de la próxima Conferencia Cairo +20”, en referencia al evento que se realizará en 2014, a 20 años de las Conferencias internacionales sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).
Los parlamentarios firmaron el documento, expresando su apoyo al supuesto “derecho de las personas a ejercer de manera libre, autónoma e informada sus decisiones sexuales reproductivas”, avalando el aborto, así como a “la igualdad de géneros y la eliminación de todas formas de discriminación y de violencia”, frase comúnmente utilizada para la promoción del mal llamado “matrimonio” homosexual.
En el documento, los asambleístas de a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, se comprometieron abiertamente a promover “como prioridades en los países andinos”, entre otros, “la prestación universal de servicios integrales de maternidad saludable, incluyendo la despenalización y la atención del aborto y sus complicaciones”.
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