BARCELONA, 16 Sep. 12 / 11:15 pm (ACI/Europa Press).- La asociación E-Cristians, que ejerce de acusación popular en el caso Morín, ha pedido una nueva legislación que proteja a los no nacidos e impida que el aborto se convierta "en un puro y gran negocio", después de que el proceso sobre una trama de más de un centenar de abortos ilegales en 2007 en clínicas privadas de Barcelona dirigidas por el médico peruano Carlos Morín empezara a juzgarse el viernes en la Audiencia de Barcelona.
En una rueda de prensa el viernes, el presidente de E-Cristians, Josep Miró, ha reclamado esta, ya que "sólo hace falta ver el estandarte de vida que llevaba Morín como se ve en el sumario (no es ninguna cuestión de fisgoneo)".
"Uno no tiene un Ferrari, un Maserati, una torre de 450 metros cuadrados a base de hacer abortos si el aborto no es un mero negocio", lamentó.
También criticó "la impunidad con que se puede actuar de forma brutal por parte de las administraciones", lamentando que los establecimientos nunca registraron una inspección mientras funcionaban, y que el negocio fue financiado con subvenciones públicas.
Miró ha recordado algunas de las presuntas irregularidades que se perpetraban en sus clínicas, como que el 96 por ciento de los casos se acogían a la excepción legal de interrumpir el embarazo "por riesgo psicológico o físico de la madre", pese a que nunca eran visitadas por psicólogos y les hacían firmar documentos en blanco con datos falseados para simular que el feto no sobrepasaba las 22 semanas permitidas por la entonces ley vigente.
También ha insistido en la "mala praxis" y las condiciones sanitarias de las operaciones, que ponían en riesgo la salud de las mujeres --llegaron a pagar hasta 6.000 euros-- e incluso introducían los restos biológicos en trituradoras y se deshacían de ellos por el alcantarillado.
Por ello, Morín se enfrenta a más de 300 años de cárcel, acusado de delitos de aborto, asociación ilícita y un delito continuado de falsedad documental, y 12 colaboradores también están imputados en la causa que ha investigado el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona.
En el juicio que comenzó el viernes 14 en la Audiencia, desfilarán hasta 115 testigos, uno de los cuales está protegido porque se trata de una extrabajadora de la clínica que permitió reiniciar el caso después de que algunos medios extranjeros divulgaran las supuestas ilicitudes de estas prácticas en las clínicas de Morín, ha destacado el presidente de E-Cristians.
Las mujeres que acudieron a las clínicas, que permanecen clausuradas, fueron imputadas en un primer momento, pese a que después el juez decidió que fueran sólo testigos, lo que Miró celebró: "el juicio se tiene que concentrar en Morín y su organización".
Según remarcó, se trata del juicio "más importante sobre este tema en Europa por el número de inculpados, testigos y volumen de años de cárcel", aunque ha afirmado que inicialmente les avisaron de que una querella como la que presentaron en 2006 por aborto ilegal de mujeres que llevaban más de seis meses de gestación no prosperaría.
Miró ha pedido garantizar que todos los imputados comparezcan en la Audiencia "para que no parezca una opereta", después de que uno de los procesados, Marcial R., haya huido, si bien el abogado de E-Cristians, Carlos Barbosa, ha dicho que no pueden pedir medidas cautelares para evitarlo.
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