LIMA, 26 Sep. 14 / 04:13 pm (ACI).- Los defensores de la vida en El Salvador revelaron los detalles detrás de la campaña de “Las 17”, con la que el lobby feminista busca desinformar a la población y presionar al gobierno del país para legalizar el aborto.
Con “Las 17”, el lobby del aborto en El Salvador ha difundido los casos de 17 mujeres encarceladas en el país, presentándolas como víctimas de una legislación contraria al aborto y pidiendo su indulto. Sin embargo, como revelan las evidencias de esos casos, se trató de asesinatos de niños ya nacidos.
En declaraciones a ACI Prensa, la presidenta de la Fundación Sí a la Vida en El Salvador, Julia Regina de Cardenal, señaló que “las 17” son “mujeres condenadas por homicidio agravado”.
Julia Regina de Cardenal explicó que los grupos promotores del aborto en El Salvador han buscado casos desde el año 2000 –pues en 1999 se ratificó la reforma constitucional que defiende la vida desde la concepción–, en los que mujeres fueran encarceladas “por problemas supuestamente ‘relacionados con embarazo”’.
“Están manipulando estos 17 casos argumentando que desde que se cambió la legislación supuestamente hay persecución de mujeres y que a estas les han dado 30 a 40 años ‘injustamente’ porque dicen que tuvieron ‘complicaciones obstétricas’ y ‘abortos espontáneos’ pero que ‘la fiscalía cambió la tipificación del delito’ a homicidio para poder darles más años de cárcel”.
La líder pro-vida explicó que “esto es absurdo, pues el aborto espontáneo no es delito en ninguna parte del mundo y lo que se ha demostrado hasta con fotos es que los bebés nacieron y fueron asesinados de la forma más cruel: estrangulados, apedreados, acuchillados, etc.”.
Entre los financistas de la campaña se encontrarían la Fundación Ford, la International Planned Parenthood Federation (IPPF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre otros.
ACI Prensa contactó a Jorge Menjívar, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, principal promotora de la campaña “Las 17”.
Menjívar, si bien se describió “emocionado” porque esta agencia se preocupe “por la situación que viven las 17 salvadoreñas” y aseguró que tiene “varios elementos que me gustaría comentar”, condicionó la entrevista a un formato decidido por él y remitió a un comunicado ambiguo.
En su última comunicación, el 18 de septiembre, tras alentarlo una vez más a que responda el cuestionario que se le planteó, Menjívar señaló escuetamente que “evaluaremos la posiblidad de responder sus preguntas”.
Entre las preguntas que Menjívar hasta el cierre de esta edición aún no contesta, además de su versión de los hechos en el caso de “Las 17”, se le cuestionaba sobre el financiamiento de su organización, así como su relación con millonarios financistas del aborto como el Centro para los Derechos Reproductivos (Center for Reproductive Rights) de Estados Unidos.
Al 22 de septiembre de este año, el Centro para los Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York (Estados Unidos) ha reportado un fondo de 27 millones de dólares en contribuciones de donantes.
Solo en 2012, el último año del que tiene un reporte del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), el Centro para los Derechos Reproductivos envió a América Central y el Caribe más de 383 mil dólares para promover el aborto.
Sara Larín, coordinadora general del Movimiento VIDA SV de El Salvador, indicó que entre los financistas de la organización de Menjívar se encuentra, además de la Fundación Ford, IPAS Centroamérica, que les facilitó 112 mil dólares.
Además, la International Planned Parenthood Federation, denunció Larín, ha favorecido con 150 mil dólares un proyecto de la asociación que promueve el aborto en El Salvador.
Larín dijo a ACI Prensa que las 17 mujeres utilizadas para legalizar el aborto en El Salvador “están en la cárcel por la sentencia de homicidio agravado, por haber asesinado a sus hijos recién nacidos”.
“El lobby pro aborto no encontró mujeres procesadas por el delito de aborto en las cárceles de El Salvador, por lo que decidieron escoger 17 casos de mujeres pobres que asesinaron a sus hijos recién nacidos inmediatamente después del parto”, indicó.
El propósito de esta maniobra, explicó, fue “presentarlos ante la opinión pública como 17 casos de ‘abortos espontáneos’ y ‘complicaciones obstétricas’, afirmando que estos casos de ‘injusticia’ son consecuencia de la penalización ‘absoluta del aborto en El Salvador’ y por lo tanto se debe revisar la legislación en materia de aborto”.
“En base a estas mentiras han montado una fuerte campaña mediáticabasada en la petición de 17 recursos de indulto”.
Esto, indicó, “quiere decir que han agotado todos los recursos posibles de todas las instancias de nuestro sistema de judicial para demostrar su inocencia. De tal modo que lo único que queda es aceptar que son culpables y al mismo tiempo otorgarles el perdón para que puedan salir libres”.
“La petición de indultos debe ser previamente aprobado por la Corte Suprema de Justicia y en caso de considerarse favorables posteriormente deben ser aprobados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de El Salvador”.
Larín precisó que “los únicos indultos aprobados en El Salvador han sido para reos ancianos y enfermos”.
La líder pro-vida señaló que si las autoridades salvadoreñas ceden a la presión del lobby del aborto y otorgan los indultos a las 17 mujeres, “se estaría dejando un precedente jurídico que consentirá el perdón social para casos de mujeres que, según ellas dicen, han sido procesadas por ‘abortos’”.
“Han infundido miedo en las mujeres por generar la sensación de no tener seguridad jurídica en caso de embarazos y también han generado temor en la comunidad médica por acusarlos de no cumplir con el secreto profesional, cuando este no tiene que ver con el delito de encubrimiento”.
A finales de julio de este año, señaló “los movimientos pro-vida hemos averiguado quiénes son y cómo fueron los 17 casos. Hemos descubierto que en realidad el 100 por ciento de los casos nunca se trataron de presunto delito de aborto, sino de condenas firmes por infanticidio, es decir homicidio y agravado por tratarse de sus propios hijos”.
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